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Abril 17 de 2008
Sr. Evo Morales Ayma
Presidente de
Licenciado:
Alfredo Rada VélezMinistro de Gobierno
Juan Carlos Rojas
Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
Ingeniero:
Rubén Costas Aguilera
Prefecto del Departamento de Santa Cruz
Coronel:
Enrique Urquiri Paez
Comandante Departamental de
Señor:
Marcelino Apurani
Subprefecto de
Waldo Albarracín Sánchez
Defensor del Pueblo de Bolivia
Distinguidas Autoridades nacionales y departamentales,
Con preocupación hemos recibido múltiples denuncias acerca de la crítica situación de familias indígenas cautivas en la región del Chaco boliviano, y sobre varios hechos de violencia ocurridos en los últimos meses dirigidos a impedir la liberación de estas comunidades y la devolución a ellas de sus territorios ancestrales.
Tenemos conocimiento que el último de los hechos registrados ocurrió el pasado 13 de abril en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri capital de
Sabemos que estos hechos de violencia se han desatado como reacción de los hacendados por la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo indígena y que están dirigidos a impedir la liberación de los indígenas en estado de cautiverio y a mantener el estado actual de tenencia de tierras en la región en favor de unos pocos, beneficirios de los indígenas sometidos a sevidumbre.
Hemos leído con atención el comunicado público del 10 de abril, emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, quien condena las agresiones que en días pasados sufrieron en esa región algunos funcionarios públicos y miembros de comunidades guaraníes.
Expresamos nuestro absoluto repudio a que habitantes originarios se encuentren sometidos a un sistema de servidumbre que conlleva graves violaciones de sus derechos fundamentales, situación que está siendo observada por los órganos de
Inquieta a la comunidad internacional que los autores y cómplices de estos atentados contra los derechos humanos fundamentales no hayan sido retenidos y procesados conforme a un Estado de Derecho, y nos causa alarma que no se brinden las garantías necesarias para la protección de las comunidades que legítimamente reclaman sus derechos y para los funcionarios encargados de aplicar los procedimientos conducentes a su satisfacción.
Como instituciones y personas interesadas en la protección y defensa de los Derechos Humanos, solicitamos al gobierno nacional y a las autoridades departamentales y municipales del Estado boliviano dar aplicación estricta a los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos y sobre derechos de los pueblos indígenas, en especial
En cumplimiento de tales instrumentos, solicitamos respetuosamente a ustedes las siguientes acciones:
1. Garantizar la liberación inmediata de las personas que se encuentran retenidas, desaparecidas o en calidad de rehenes desde el pasado 13 de abril, así como evacuar a los heridos y brindarles la atención médica y especial protección a sus vidas e integridad personal.
2. Adoptar de manera urgente todas las medidas de protección necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de las familias, personas y organizaciones afectadas por los hechos de violencia, así como de los funcionarios del INRA y del Viceministerio de Tierras, presentes en la región del Chaco.
3. Adoptar las medidas que sean necesarias para la inmediata liberación de las comunidades indígenas guaraníes que viven en estado de esclavitud o servidumbre y salvaguardar sus vidas e integridad física, social, económica y cultural.
4. Brindar todas las garantías para la realización en forma pacífica de este proceso y del saneamiento y titulación del territorio Guaraní de Alto Parapetí y demás territorios indígenas guaraníes.
5. Investigar las agresiones violentas de que han sido víctimas los funcionarios gubernamentales, las delegaciones indígenas y demás ciudadanos que apoyan el proceso de liberación de las comunidades y de saneamiento y titulación de sus territorios, y procesar penalmente a todos los implicados como autores intelectuales, materiales, cómplices o instigadores de estas acciones, especialmente a las autoridades públicas y a los representantes y miembros de organizaciones gremiales y cívicas que pudieren estar involucrados.
6. Procesar penalmente a las personas responsables y cómplices por el delito de “reducción a la esclavitud o estado análogo” y demás acciones conexas con este grave delito.
La comunidad internacional estará atenta al curso de los acontecimientos en Bolivia especilamente a las demandas de justicia de esta población indígena marginada del Chaco boliviano y dispondremos todos los medios a nuestro alcance para la promoción y garantías efectivas al pleno respeto a los derechos de estos pueblos y de los derechos humanos en general. Les rogamos, por tanto, mantenernos informados acerca de las medidas que se adopten y su correspondiente aplicación.
Respetuosamente,
Presidente de
Sr. Javier Antunéz Sambrana
Presidente de
Lic. Tufí Aré
Jefe de Redacción Diario “EL DEBER”
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