La batalla en Bolivia es decisiva para los pueblos indígenas

Por: Héctor Mondragón

SIEC. Actualidad Étnica, 23/05/2008. El 4 de mayo con sus chalecos tejidos detalladamente con hilos de todos los colores y con sus gorros marcharon los miles de indígenas, las mujeres con blusas bordadas. La multitudinaria manifestación en Cochabamba fue una fiesta de lucha en que 500 mil personas explicaron con su desfile diverso que no están dispuestas a dejar que se detenga el proceso de cambios ni a permitir que los poderes económicos de siempre mantengan atada a Bolivia.

Eran indios e indias, pero además el Sindicato de Obreros Fabriles y otras organizaciones obreras, la Coordinadora Popular del Agua, los barrios populares de la ciudad, todos los campesinos, las miles de campesinas de la organización “Bartolina Sisa”...

Manifestaciones gigantes hubo el mismo día en El Alto, la Paz, Oruro y Potosí. En cada uno de los sitios que escribieron la agenda de octubre de 2005, las victorias de la guerra del gas, la guerra de la coca y la guerra del agua. Toda la historia que no quiere detenerse frente a la agenda de la autonomía departamental, que quieren imponer los grandes propietarios de tierras, los grandes empresarios y las transnacionales de la privatización de las riquezas naturales y los servicios públicos.

Hay quienes piensan que el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, MAS, dejó a la derecha la bandera de la autonomía (Harneker, 2008; Contreras, 2008). Este es un juicio equivocado. No hay ahora en Bolivia, de ninguna manera, una lucha entre la autonomía y el centralismo. Para quienes solamente tienen acceso a la información propalada por los grandes medios, esta afirmación puede resultar sorpresiva, pero puede probarse fácilmente.

El texto de Nueva Constitución Política del Estado (2007) aprobado por la Asamblea Constituyente, defendido por el gobierno de Evo Morales y por muchas organizaciones populares y que será sometido al voto del pueblo, establece cuatro autonomías: la de los departamentos; la de regiones que unan a las provincias y municipios; la de los municipios; y la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas. Para la oligarquía en cambio, se trata de la autonomía departamental por sobre la de las provincias y municipios y anulando la autonomía indígena y campesina.

La oligarquía no acepta la autonomía específica para las comunidades rurales, sólo admite “municipios indígenas”, pero además pretende que las cuestiones relativas a la propiedad rural, la reforma agraria, la demarcación de los territorios indígenas, los recursos naturales y el régimen económico y laboral no dependan del poder central, de manera que se trata de una “autonomía” a favor del latifundio, los agronegocios y las concesiones de recursos naturales a empresas extranjeras las privatizaciones. Quieren sustituir el antiguo centralismo nacional que ya nadie defiende por la centralización del poder en los gamonales departamentales, buscan una especie de descentralización perversa que lejos de fortalecer la democracia autónoma de base, aumenta el poder de la élite y la capacidad de operación del gran capital transnacional.

¿Qué es lo que se define?

Para concretar cuál es la lucha que se libra en Bolivia se pueden leer las pretensiones del Proyecto de Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz que expresa bien lo que quieren las oligarquías capitalinas departamentales.

El artículo 6 de los departamentalistas da competencia legislativa al departamento en lo que se refiere a tierra, bosques, agricultura y ganadería, trabajo y relaciones laborales. Es decir que garantiza a los señores que podrán seguir imponiendo autónomamente su dominio sobre la propiedad de la tierra, despojo territorial de los pueblos indígenas y relaciones serviles o esclavistas.

El 13 de abril de 2008, autoridades nacionales bolivianas, acompañadas por Wilson Changaray, vicepresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG y otros indígenas, intentaron rescatar a guaraníes retenidos de por vida para ejecutar servidumbre en la hacienda Larsen (propiedad de u norteamericano) y otras fincas de Chaparracito (Camiri). Consejeros departamentales, alcaldes, terrateniente y vándalos de la Unión Juvenil Cruceñista impidieron mediante un violento ataque que causó varios heridos, que se cumpliera una inspección en cumplimiento de las leyes 1715 y 3545 de reforma agraria y función social de la propiedad (APG, 2008). Así entienden los departamentalistas el ejercicio de la autonomía en los asuntos de tierras y régimen laboral.

En todo el mundo, la única forma de romper la arbitrariedad latifundista, patronal y racista es lograr que las leyes de tierras, derechos laborales y contra la discriminación racial sean centralizadas y aplicadas por el estado central, debido al control local o departamental que establecen los gamonales y racistas. Así, fueron las autoridades “federales” (centrales) las que impusieron Estados Unidos las leyes de derechos civiles contra la discriminación racial. Solamente protegidos por la Guardia nacional estadounidense podían los estudiantes afroamericanos entrar a colegios y universidades bloqueados por gobernadores como George Wallace, alcaldes y turbas de linchadores racistas.

El artículo 398 del texto de Nueva Constitución Política del Estado encausa la lucha contra el latifundio, considerado no solamente como tierra desperdiciada o que no cumple la función social de la propiedad, sino además como haciendas donde se somete al trabajador a condiciones serviles o de semiesclavitud o esclavitud o cuya extensión supera un límite de hectáreas en manos de un propietario (5 mil o 10 mil). Estas dos últimas causales de la calificación de una finca como latifundio pretenden ser eliminadas por el artículo 104 del estatuto departamentalista, que además sólo reconoce la propiedad privada “tanto individual como colectiva” y elimina la definición radicalmente diferente del carácter de la propiedad colectiva como inalienable, inembargable, imprescriptible, indivisible e irreversible que el artículo 394 III del texto de Nueva Constitución Política del Estado reconoce a las propiedades colectivas o comunitarias indígenas y campesinas.

Por otra parte, el artículo 6 de los departamentalistas, también otorga autonomía legislativa al departamento para definir sobre el ordenamiento territorial, únicamente en concurrencia con los gobiernos municipales autónomos, sin atender a los derechos de los pueblos indígenas, desatendiendo el régimen de autonomía de Bolivia.

En cambio, el texto de Nueva Constitución Política del Estado establece en el artículo 290, que “la autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho del autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia y lenguas, organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.” Así el artículo 292 de este texto reconoce tres tipos de entidades territoriales indígenas: los territorios indígenas, los municipios indígenas y las regiones indígenas.

El estatuto departamentalista no permite que el territorio indígena como tal sea considerado entidad territorial autónoma e impone a los indígenas como única forma posible de autonomía, acogerse a la institución municipal hispana, extraña a su propia cultura. Tampoco considera la alternativa de que los territorios indígenas o municipios indígenas se asocien en regiones indígenas. la diferencia es clara pues la Nueva Constitución Política desde su artículo 1 define a Bolivia como Estado plurinacional con pluralidad cultural, en tanto que el estatuto departamentalista se proclama la “con orgullo la condición racial mayoritariamente mestiza” (artículo 161) y supedita a ella la autonomía y cultura de los “cinco” pueblos indígenas “oriundos” del departamento.

Se puede decirse entonces, con José Carlos Mariátegui, que “la descentralización actuada sin otro propósito que el de otorgar a las regiones o a los departamentos una autonomía más o menos amplia, aumenta el poder del gamonalismo contra una solución inspirada en el interés de las masas indígenas”... ¿Qué clase se opone a la redención del indio? La respuesta no puede ser sino una y categórica: el gamonalismo... Se impone el repudio absoluto, el desahucio radical de un regionalismo que reconoce su origen en sentimientos e intereses latifundistas y que por lo tanto, se propone como fin esencial un acrecentamiento del poder de los gamonales... La autonomía municipal, el autogobierno local, la descentralización administrativa, no pueden ser regateadas ni discutidas en sí mismas. Pero, desde los puntos de vista de una integral y radical renovación, tienen que ser consideradas y apreciadas en sus relaciones con el problema social. Ninguna reforma que fortalezca al gamonal contra el indio, por mucho que parezca como una satisfacción de sentimiento regionalista, puede ser estimada como una reforma buena y justa. Por encima de cualquier triunfo formal de la descentralización y la autonomía están las reivindicaciones sustanciales de la causa del indio”. Y en este caso se trata además de priorizar los intereses del indio, los del campesino mestizo boliviano, los del asalariado rural y urbano, los de los pobladores de los barrios populares y especialmente los de Bolivia frente a las transnacionales.

Mariátegui también anota que “el gamonalismo es el aliado y el agente del capital en las regiones”.Así el Proyecto de Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz consagra no solo los privilegios de los grandes terratenientes y empresarios agroindustriales, sino los que interesan al capital transnacional. Su artículo 2 considera la llamada “seguridad jurídica” como un derecho fundamental. Este supuesto derecho es en realidad una pretensión de los grandes inversionistas, que se encuentra dispuesta en los llamados “Tratados de Libre Comercio” TLC.

Consiste la mal llamada “seguridad jurídica” en la capacidad de las empresas o los inversionistas para demandar a los gobiernos por perjuicios pecuniarios debidos a cualquier modificación legislativa o administrativa o cualquier acción reguladora que afectara sus ganancias, pretensión que se hizo explícita dentro del proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones AMI, preparado por el grupo de los 29 países integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE y negociado con reserva desde 1995 hasta el fracaso de las negociaciones en abril de 1998, debido a que tras hacerse públicos los textos propuestos se produjeron intensas protestas, tanto en los medios académicos, como por parte de los movimientos sociales, especialmente en Europa y Canadá, que agudizaron las contradicciones entre los proponentes y obligaron a abortar el Acuerdo. El rotundo fracaso del AMI se explica porque hirió gravemente tanto la conciencia sociopolítica, como la conciencia jurídica al intentar supeditar las legislaciones nacionales a un nuevo corpus jurídico en el que es la corporación transnacional quien tiene las posibilidades reales de definir los términos, las características y las modalidades de la nueva contratación social.

La invulnerabilidad del inversionista elimina el derecho inalienable de cada estado para regular las inversiones y pone los derechos de los inversionistas por sobre los derechos humanos individuales y colectivos. Por otra parte la invulnerabilidad del inversionista desconoce el propio carácter cíclico de la tasa de ganancia del capital invertido y del carácter mismo de la inversión de capital como riesgo, pretendiendo que el estado garantice el rendimiento de determinadas inversiones privilegiadas, estableciendo una suerte de capitalismo burocrático.

Es semejante invulnerabilidad del inversionista la que tras el fracaso del AMI las transnacionales han tratado de imponer, por una parte en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio OMC, que a su vez han registrado enormes dificultades y traspiés y, por otra parte con más éxito en diferentes tratados de “libre comercio” bilaterales o multilaterales, o en leyes nacionales, aprovechando las particularidades de los países y gobiernos, que los hacen proclives a aceptar el resquebrajamiento del estado social de derecho y sustituirlo por el estado de derecho contratado.

Como dice el economista Pablo Dávalos (2004), profesor del postgrado de la Universidad Católica del Ecuador, “es como si estuviésemos atravesando el umbral histórico de redefinición del contrato social con el que se inaugura la modernidad, en el que la corporación se erige como nuevo figura jurídica-política. En esta nueva contractualidad, los términos básicos entre el Estado moderno y el individuo se ven transformados entre el individuo y la Corporación. El Estado se convierte en cobertura jurídica de protección y seguridad a la inversión. No representa aquella noción de contrato social entre individuos libres, soberanos y racionales, sino la garantía de funcionamiento del mercado como nuevo locus político de regulación social.” Es una monstruosidad jurídica que echa por tierra toda una evolución en materia de soberanía popular.

Otro economista, el español Federico Abizanda Estabén (2004), añade que “la filosofía del AMI es bastante clara: pretende, ante todo, dejar las manos libres a las empresas transnacionales, a la vez que ata a los Estados que se convertirían en sujetos pasivos frente a las empresas que se instalasen en su territorio”. Estamos entonces haciendo frente a la primera fase de un "Mundo Corporativizado"

La empresa Bechtel demandó a Bolivia porque como resultado de la lucha popular en 2000 y 2001, en la que se conoció como “guerra del agua”, derogó la privatización del agua. La Bechtel perdió porque Bolivia ni había firmado el TLC con Estados Unidos ni tenía una ley como la 963 de 2005 de Colombia que protege a los grandes capitalistas del cambio de las leyes ni tenía ningún estatuto como el que pretende la oligarquía de Santa Cruz.

El proyecto de Estatuto del departamento Autónoma de Santa Cruz pretende un régimen económico y financiero propio del departamento (artículo 40) que incluya la regulación laboral; la gestión de las telecomunicaciones, de manera que puedan evadir la renacionalización de la empresa ENTEL, que estaba en poder de una transnacional italiana y la gestión de los recursos naturales, sobre los que no solamente se debate cuántas regalías le corresponden al departamento frente al estado central, los municipios y las comunidades indígenas y campesinas en cuyo territorio se encuentra el recurso, sino se discute si el departamento tiene facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas sobre los recursos no renovables (artículo 7 numeral 12).

Los departamentalistas pretenden además la competencia ejecutiva en el otorgamiento de la propiedad intelectual, tema que han causado precisamente la ruptura de la Comunidad Andina al imponer Estados Unidos a Colombia y Perú la patente de seres vivos y que resulta especialmente grave cuando el departamento pretende tener facultades legislativas sobre la diversidad biológica (artículo 6). También pretenden la competencia ejecutiva sobre los productos farmacéuticos, lo cual se relaciona desde luego con su propiedad intelectual y otro asunto que los TLC tratan de controlar, que al rechazar Bolivia firmar, las transnacionales quieren pasarlo de contrabando en los estatutos departamentalistas. Quieren un neoliberalismo autónomo.

En contraste, el 1° de mayo Evo Morales anunció un acuerdo entre la COB y el gobierno para enfrentar la ofensiva de la derecha, varios decretos para facilitar los procesos laborales de restauración de los derechos de los trabajadores, el reintegro de embarazadas despedidas y el fuero sindical, así como el decreto de nacionalización de la empresa de comunicaciones ENTEL, expropiada administrativamente a la transnacional italiana Euro Telecom Intenacional ETI.

Anteriormente Evo Morales firmó, con el presidente de Repsol, el acuerdo por el cual se transfirieron el 51% de las acciones de las explotaciones de hidrocarburos de esa compañía a la empresa estatal YPFB, que pasa a ser operadora de los yacimientos. No se trata de una nacionalización como se ha dicho, ni mucho menos de socialismo, sino de un ”nuevo trato” a las transnacionales, que contrasta con el que ha adoptado Colombia, donde la empresa estatal Ecopetrol pasó de tener derecho al 50% de toda explotación (sin ser la operadora), a tener el 30% bajo Andrés Pastrana y el 0%, el nada en los nuevos contratos a partir del primer gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Lo acontecido en este campo en Bolivia muestra que es falso que las transnacionales se si se les imponen nuevas condiciones. El negocio es fabuloso y ellas protestan pero nunca se van. Pero el autonomismo se opone a este “nuevo trato” y quiere mantenerse dentro de las más rígidas pautas del capitalismo salvaje.

Un aspecto importante a destacar en que poco se ha recalcado, es en el trabajo de la empresa estatal boliviana que fomenta la producción agropecuaria y en especial de alimentos, la EMAPA. Ha logrado por ejemplo aumentar la producción anual de arroz, trigo y maíz. Es decir que Bolivia ha logrado así amortiguar (no evitar del todo pero sí suavizar) el alza de precios mundiales de los cereales y enfrentar el hambre, al contrario de nuestro país y otros. El alza del aceite se enfrentó prohibiendo las exportaciones y combatiendo el ocultamiento especulativo del producto, o que es más conocido por el conflicto con los agronegocios del oriente por este tema. Aunque más tímidamente que lo que quisieran sectores revolucionarios, no me cabe duda que Bolivia se encuentra en un proceso de revocatoria del neoliberalismo en todos los terrenos y que el objetivo de la oligarquía y del gobierno de Estados Unidos es detener ese proceso y mantener el neoliberalismo y el latifundio en el país. En eso consiste la división de Bolivia y el enfrentamiento que se acrecentará.

¿División?

Las gigantescas manifestaciones en Cochabamba y otras ciudades, contra la ofensiva de la derecha y en defensa de la unidad de Bolivia, mostró una gran disposición de las masas de para enfrentar la ofensiva de la oligarquía, expresada en el referendo de autonomía departamental inconstitucional que ese día se cumplió en Santa Cruz el 4 de mayo.


Además en los barrios populares del Plan Tres Mil en la propia ciudad de Santa Cruz y en múltiples zonas rurales de Santa Cruz y otros departamentos del oriente y sur, también se cumplieron actos contra los planes oligárquicos en torno a las autonomías departamentales.

Si Bolivia está dividida (Contreras 2008), el departamento de Santa Cruz también está dividido: los indígenas de Camiri (territorio guaraní) y los campesinos de San Julián Yapacaní, Cuatro Cañadas, El Torno, Montero, Ichilo, San Germán y otros lugares se levantaron contra el referendo oligárquico y en apoyo al proceso de cambio y la reforma agraria y por otra parte en Lagunillas se proclamó que toda la provincia de Cordillera rechazaba tanto a Santa Cruz como al estado central. Muy importante es la coordinación que se desarrolla entre las organizaciones indígenas (de cada etnia: OICH, CYPIM, CANOB; departamental: CEPESC; y del oriente: CIDOB), campesinas (FSUTCAT, MST, Confederación de Colonizadores), juntas vecinales (FEJUVE), la Central de Trabajadores Asalariados del Campo y la COB en Santa Cruz. Estas organizaciones se han pronunciado unidas y actuado juntas contra los planes de la oligarquía, por la reforma agraria y contra las transnacionales.

Esta situación muestra efectivamente una división del país. Pero en primer lugar hay que negar que es una división racial. Afirmación que también puede sorprender, porque aunque la oligarquía se manifiesta cínica y virulentamente racista y anti indígena, no predomina en respuesta a ella un indigenismo rancio, aunque pueda manifestarse por algunos líderes y bases indias, como resultado de siglos de opresión y explotación. La mayoría de los indígenas bolivianos, sus de sus organizaciones y dirigentes actúa en aras de una gran solidaridad con el campesinado mestizo, con las comunidades afro de Los Yungas, con las mujeres y con los obreros, muchos de los cuales son también indígenas, pero muchos mestizos.

Al contrario de lo que sucede en Colombia donde una mayoría blanca o mestiza reconoció el derecho a la propiedad colectiva de la tierra a los indígenas y afros pero no lo reconoció a millones de campesinos, el texto de Constitución aprobado en Bolivia por la Constituyente por una mayoría indígena sí le reconoce plenos derechos a la tierra a las comunidades campesinas (mestizas).

Los términos usados en Bolivia son diferentes a los de Colombia: aquí hablamos de indígenas sin distinguir si viven en el campo (70%) o la ciudad (30%). En Bolivia, la población indígena urbana y obrera es muy alta, por lo que se usa decir “indígenas originarios campesinos”, para designar a las comunidades o pueblos indígenas que viven en su propio territorio, en el campo o en la selva, mientras se designa como ”comunidades campesinas” a las comunidades rurales mestizas de campesinos, a quienes el texto de nueva Constitución reconoce tanto el derecho a la propiedad colectiva inalienable, inembargable e imprescriptible (artículo 394 III) y a la autonomía (artículo 290). La propiedad colectiva se convierte en una opción para las comunidades campesinas mestizas, colonizadoras o interculturales originarias sin que sea obligatoria para los campesinos que puede optar por su pequeña propiedad individual (artículo 394 I).

Como quedó expuesto, tampoco es exacto decir que la división es entre departamentos: en el oriente y en Tarija y Chuquisaca, indios y campesinos están a favor del gobierno y contra la autonomía departamental de la oligarquía. En Santa Cruz sucede otro tanto, pero además hay una COB activa contra la oligarquía. Así mismo, los grupos oligárquicos y monopolistas en La Paz y Cochabamba son muy activos. El 11 de febrero de 2007 se dio en Cochabamba un choque inmenso entre “hijos de papi”, masas de clase media alta, burgueses y aristócratas, contra el resto del pueblo, tras un ataque racista en la zona norte de altos ingresos), hubo un muerto de cada lado, los oligarcas dispararon armas de fuego y finalmente ante la gigantesca movilización de la población urbana y rural, la ciudad quedó en manos del pueblo el 12 de febrero y la oligarquía está replegada. Al salir de la manifestación del 1° de mayo un hijo de papi en moto, se abalanzó sobre los dirigentes del Sindicato fabril, lanzando ofensas, ninguno de ellos es indígena, era puro odio de clase, no racial. Los grupos fascistas de los barrios de ricos en toda Bolivia se organizan con motocicletas de alto cilindraje, varillas y garrotes para ir a linchar indios, pero también sindicalistas y gente activista mestiza de los barrios populares.

Los enfrentamientos de todo tipo son estimulados, pero de todos ellos el central para la derecha es la aprobación de estatutos departamentales en contravía con la nueva constitución, de manera que se imponga la fragmentación del país. La división regional es una estrategia que las transnacionales quieren aplicar tanto en Bolivia como en otros países que no se han sujetado a los TLC. Así, el alcalde de Guyaquil (Ecuador), el derechista Jaime Nebot, participa, junto con dirigentes de derecha de Zulia (Venezuela) y el prefecto de Santa cruz Carlos Dabdoud y otros líderes de la oligarquía del oriente boliviano, en la llamada “Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional” CONFILAR, financiada por entidades del gobierno de Estados Unidos. La tesis de Mariátegui sobre el carácter de las autonomías departamentales parece confirmarse también para los casos de Ecuador y Venezuela y tiene antecedentes muy antiguos, por ejemplo el intento de la élite de Guayaquil de declararse independiente de la República de Colombia (ahora conocida como Gran Colombia). Al respecto Simón Bolívar anotó: “No pienso que el voto [aislado] de una provincia debe ser consultado para establecer la soberanía nacional... No son las partes sino el todo del pueblo el que delibera en las asambleas generales reunidas libre y legalmente...”

Que el capital transnacional utiliza el secesionismo en América latina y la multiplicación de republiquetas para impedir nuestra liberación y para imponer sus intereses y proyectos, no es desconocido para los colombianos, que sufrimos la separación de Panamá para que Estados Unidos tuviera en sus manos el Canal. El novelista Joseph Conrad (1904) autor de la novela Nostromo, inspirada en este episodio, cambió los nombres: Costaguana por Colombia, Sulaco por Panamá y mina de plata por Canal. Escribió que “el rey de la plata y el acero había entrado en los asuntos de Costaguana con una especie de pasión. Costaguana se había convertido en una necesidad para su existencia; en la mina de Santo Tomé había encontrado la satisfacción... Estaba obligado a apoyar la rebelión provincial como único medio de situar los enormes intereses materiales” en Sulaco, ‘la provincia que valía más en riqueza e influencia que todo el resto del territorio de la República’... No les hubiera merecido luchar por Sulaco sin la concesión, para ellos Sulaco sin la concesión no era nada... En la demostración naval internacional, que puso fin a la guerra entre Costaguana y Sulaco, fue el crucero de Estados Unidos, el Powhattan, la bandera... de Sulaco”. El motivo puede ser la plata, el oro, el guano, un megaproyecto como el Canal de Panamá o la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica IIRSA o el petróleo y el gas, pueden cambiar las circunstancias, pero la estrategia es la fragmentación para tomar la tajada, el departamento transitoriamente más rico del país.

La embajada de Estados Unidos está en manos de Philip Goldberg, un experto que fue funcionario en la embajada en la ex Yugoslavia, clave en el proceso de fragmentar al extremo ese estado. No hay duda de que se aplica una estrategia de disuasión discriminada para exacerbar cualquier contradicción hasta hacerla antagónica y conducir a Bolivia a ser una como Bosnia, llena de islotes territoriales, pero además de todo tipo de enfrentamientos raciales, regionales y sectoriales (entre obreros cooperativistas y obreros del estado, por ejemplo).

La estrategia de disuasión discriminada solamente podrá enfrentarse con la movilización y lucha de un frente único que agrupe a las organizaciones obreras, vecinales, campesinas e indígenas, independientemente de si apoyan o no al gobierno, con un programa que no solamente destaque los antis, sino los pros, unas medidas como la reforma agraria, fortalecimiento de la producción de alimentos, los derechos de los indígenas del oriente, y las nacionalizaciones. La “clase media” ha sido captada en un 60% por la derecha (Montero 2008) y en mayor proporción en Santa Cruz y Sucre, pero su posición no es homogénea y en Cochabamba en gran parte apoya el proceso de cambio. Su frente a los temas centrales señalados será desde luego muy importante y el tratamiento que los sectores populares puedan dar a ella o mejor a sus diferentes capas, va a ser muy importante para el resultado final de la lucha; pero nada será más decisivo que la capacidad de movilizar al 80% de la población, es decir a los sectores de menores ingresos.

Sorpresivamente se aprobó para el 10 de agosto, un referendo revocatorio del presidente de Bolivia Evo Morales y además de los prefectos departamentales (casi todos de derecha). Tal vez sea la última oportunidad de una solución pacífica y democrática de la división. Al principio parece someter todo a un carisellazo, pero por lo menos habrá campo para una confrontación política y de masas civil, en la cual se va a jugar no sólo el destino de Bolivia, sino tal vez el de los procesos de toda América latina. Evo mantiene la simpatía de la mayoría de la población, especialmente de los pobres (Montero 2008). Las organizaciones sociales populares se posicionan ante estos acontecimientos. Las intervenciones de los dirigentes campesinos indígenas y del secretario general de la Central Obrera COB, Pedro Montes el 1° de mayo, se centraron en la necesidad de enfrentar la ofensiva de la derecha y el chantaje separatista de la oligarquía de Santa Cruz y otros departamentos. La COB llamó a una huelga general el 5 de junio para defender la “agenda de octubre” de lucha popular, sin conciliaciones con la oligarquía y las transnacionales. En contraprestación la oligarquía de Santa Cruz decretó un “alza de salarios” para tratar de captar a los asalariados del departamento con un argumento economicista, mientras se realiza la votación de agosto. Los partidos políticos han iniciado un diálogo nacional apoyado por la Iglesia Católica. La principal exigencia de la derecha para “concertar” es que no se vote Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente, sino que se desconozca y se incluyan las propuestas del texto de minoría, derrotado en la Asamblea.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB y la Asamblea de los 34 Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, que tanto tiempo y con tantas movilizaciones lucharon para que se realizara la Asamblea Constituyente, con sabiduría han exigido, que en la misma votación del referendo revocatorio presidencial y de prefectos, se vote la consulta popular para decir Sí a la Nueva Constitución Política del Estado. Está claro que en esa elección se refleja con claridad cuál es la lucha actual.

Fuente: Revista Etnias & Política No. 7, del Centro de Cooperación al Indígena.

Referencias:

-Abizanda Estabén, Federico 2004 “Globalización: El Acuerdo Multilateral de Inversiones”. Pie de Paz 48. http://www.geocities.com/la_cou/global/ami2.html

-Asamblea Constituyente de Bolivia 2007 Nueva Constitución Política del Estado.

-Bolívar, Simón 1822 “Exmo. Señor protector del Perú, D. José de San Martín. Quito, 22 de junio de 1822” (carta); Obras Completas II: 55-56; Segunda edición en Colombia. Bogotá: Fica, Tiempo presente, Ecoe.

-Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB 2008 “Gran Asamblea Nacional Autonómica de los 34 Pueblos del Oriente, Chaco Y Amazonia”.

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=1

-Conrad, Joseph 1904 Nostromo. Madrid: Alianza Editorial, 1991.

-Contreras Baspineiro, Alex, 2008 “Bolivia está dividida, se debe recuperar la unidad”. http://alainet.org/active/23871

-Dávalos, Pablo 2004 “USA: del multilateralismo al bilateralismo. Las estrategias de las corporaciones”.; Boletín ICCI-Ary Rimay año 6 n° 71.

http://icci.nativeweb.org/boletin/71/davalos.html

-Departamento de Santa Cruz 2007 Proyecto de Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, 15 de diciembre de 2007.

-Harnecker, Martha 2008 “Bolivia: ¿Quién ganó el referendo del 4 de mayo?

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67106

-Mariátegui, José Carlos 1928 “Regionalismo y Centralismo”; Siete ensayos de interpretación de la sociedad peruana: 194-228. 28 edición; Colección de Obras Completas, v. 3. Lima: Amauta.

-Montero Soler, Alberto 2008 “Quién apoya a Evo Morales en Bolivia?”

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67763

-Quisbert, Ermo et. al. 2008 Nueva Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia, La Paz, Bolivia: CED, Centro de Estudios de Derecho http://h1.ripway.com/ced/newcpe.htm

Etnias & Política 7

Cecoin, 22 de mayo de 2008

Fuente: Actualidad Étnica


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